Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el órgano constitucional determinó que no se cometió ningún delito y subrayó que hay que atender los mecanismos legales que utilizó el tribunal para llegar a dicha conclusión.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el fallo. La presidenta agregó que corresponde al TEPJF revisar si existió alguna violación a las leyes electorales y que su resolución debe ser analizada con base en los fundamentos que el propio tribunal estableció para exonerar al hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
La absolución ocurre en el contexto de los videos grabados en 2020 por David León y difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola a través del medio LatinUS, donde se mostraba a Pío López Obrador recibiendo paquetes de efectivo. En aquel momento, el entonces presidente López Obrador indicó que dicho dinero estaba destinado al partido Morena. Tras la decisión judicial, Loret de Mola reaccionó con indignación y denunció que se trata de “una venganza del régimen”.
El periodista acusó que todas las instituciones del Estado relacionadas con el caso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador, sugiriendo una coordinación para blindarlo de consecuencias legales. Por su parte, el portal López-Dóriga Digital emitió un análisis crítico sobre el fallo, describiendo al organismo que dictó la sentencia como “un tribunal constitucional a la medida” que absolvió al implicado de lo que, según el medio, “en los hechos, era inabsolvible”.
Como respuesta a la difusión de los materiales y las acusaciones, se han presentado demandas por daño a la imagen contra LatinUS y contra Carlos Loret de Mola, cada una por un monto de 200 millones de pesos. El periodista ha señalado que enfrenta riesgos para su seguridad debido a su participación en la revelación del caso, mientras que la postura oficial del gobierno federal mantiene que se debe respetar la resolución emitida por la autoridad electoral.
La controversia pone de manifiesto la división entre la interpretación oficial de la legalidad del acto y la percepción de sectores de la prensa y la oposición, que consideran que la absolución refleja una instrumentalización de las instituciones de justicia. Hasta el momento, no se han dado a conocer los argumentos jurídicos específicos detallados en la resolución escrita del TEPJF, ni ha habido una declaración directa de Pío López Obrador sobre este nuevo desarrollo judicial.