Por Redacción
Washington D.C., 10 de agosto de 2026.- Un cartel con el rostro de Donald Trump y el lema “Make America Safe Again” cuelga en la fachada del Departamento de Justicia de EE.UU., simbolizando un cambio drástico en una institución que tradicionalmente ha sido considerada el miembro más independiente del Gabinete para limitar la interferencia política en asuntos judiciales.
Desde Watergate, los presidentes habían mantenido distancia del Departamento de Justicia, pero Trump ha roto esa supuesta neutralidad. La semana pasada, el mandatario nombró a su exabogado y amigo Todd Blanche como fiscal general, jefe del departamento, asumiendo el cargo que quedó vacante hace cinco meses tras la destitución de Pam Bondi.
Bondi fue removida debido a controversias sobre el manejo de la desclasificación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein y su enfoque vacilante para perseguir a los enemigos políticos de Trump. Blanche, quien se desempeñaba como fiscal general en funciones, es considerado más leal al presidente que su predecesora.
El nuevo fiscal general representó a Trump en múltiples casos legales, incluyendo el juicio por dinero por silencio de Stormy Daniels, donde el presidente fue condenado por 34 cargos relacionados con registros comerciales falsificados para ocultar pagos de 130,000 dólares. Asimismo, Blanche defendió a Trump en los casos de conspiración y obstrucción electoral derivados de irregularidades en las elecciones de 2020, y en el caso por retención de documentos clasificados en la finca Mar-a-Lago.
Blanche también fue el estratega detrás de la sentencia de la Corte Suprema de 2024 que otorgó inmunidad a los presidentes por actos oficiales. Actualmente, Trump cuenta con una mayoría favorable en la Corte Suprema, con seis jueces conservadores, tres de ellos designados por él, y ha colocado alrededor de 20 de sus exabogados privados en roles estratégicos para relanzar procesamientos contra sus opositores.
En su gestión previa, Blanche liberó el último lote de documentos de Epstein, un proceso marcado por irregularidades donde numerosos archivos permanecieron secretos mientras otros revelaban identidades de víctimas. Como fiscal general en funciones, también llegó a un acuerdo extrajudicial, según los registros disponibles.