Tijuana, 09 de junio de 2026.- Vecinos del fraccionamiento Los Olivos exigen al XXV Ayuntamiento de Tijuana frenar la construcción de una edificación que está provocando daños estructurales a varias viviendas sobre la calle Aries. Los habitantes señalan que la obra, que parece ser un conjunto de departamentos, se realiza con permisos sospechosos y ha afectado directamente a la casa 43-A, ubicada entre las calles Aries y Géminis.
Héctor Ignacio Montaño, quien habitaba dicho inmueble desde 2021, año en que inició la construcción colindante, reportó que se colocó una viga sobre el techo de su vivienda sin su autorización. Ante los daños, Montaño y su familia debieron desalojar la propiedad de manera provisional. El afectado declaró: “Nos han amenazado, nos han querido engañar, han estado detrás de nosotros para construir lo que pueden ver, unos departamentos, unas construcciones con permisos muy sospechosos que no nos han explicado exactamente cómo es que llegaron a hacer edificaciones cuando tenían permisos de muro simplemente”.
La obra ha sido clausurada por Protección Civil en más de dos ocasiones: la primera en 2022, la segunda en 2023 y la más reciente en 2024. Sin embargo, la sanción de clausura nunca se respetó y la construcción continuó. Montaño expresó su frustración ante la falta de respuesta gubernamental: “Seguimos en espera de que las autoridades hagan algo al respecto. Ya fuimos con Protección Civil, DAU, incluso se le escribió una carta al alcalde de Tijuana, Burgueño, y aún no hemos tenido una respuesta clara. Mientras seguimos esperando por una respuesta, esas personas han estado construyendo encima del techo de mi propiedad”.
El conflicto tiene también un componente legal. Héctor Ignacio Montaño y su familia enfrentan un proceso judicial derivado de una denuncia en su contra por presunto despojo, interpuesta por Yesenia Ramos Díaz, quien asegura ser la propietaria del inmueble 43-A y es representada por el Licenciado Jesús Cruz.
Pese a la disputa por la propiedad, el Juez Jorge Alberto Aranda Díaz ordenó el pasado 22 de abril del presente año la restitución provisional de la vivienda que Ignacio ocupaba junto a su familia, mientras las autoridades municipales no han emitido una respuesta definitiva sobre el frenado de la construcción que genera los daños estructurales.