Tijuana, 02 de abril de 2026.- El juez de control Joel Chávez Castro determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, tras vincularlos a proceso por los delitos de despojo de inmuebles, extorsión agravada y asociación delictuosa.
De acuerdo con el Semanario ZETA, el magistrado consideró que existen indicios razonados de que se cometieron dichos ilícitos en el fraccionamiento Laderas del Mar. Testigos reportaron que, entre el 24 de julio de 2025 y el 15 de marzo de 2026, sujetos armados ocuparon 40 unidades en obra negra y 11 viviendas ya terminadas del conjunto habitacional.
Entre los ocupantes se identificó a los dos imputados, quienes utilizaban vehículos de lujo. La investigación detalla que el ofendido recibió amenazas de parte de Emmanuel, quien después de haberse acercado presencialmente a la víctima en una ocasión, le llamó telefónicamente en varias ocasiones. El juez otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Respecto al caso, el juez Joel Chávez Castro señaló: “Que hubiese muerto el administrador de la empresa no es impedimento para que la investigación hubiera iniciado”.
En un frente relacionado con fraudes inmobiliarios, el secretario general de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que el gobierno estatal mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para apoyar en la expedición de una ficha roja. La Interpol realizaría la detención del extitular de la Notaría Pública Número 45, Fernando Nicolás ‘N’, quien aparentemente se encuentra en España.
Pimentel González explicó que al exnotario se le retiró el fiat debido a irregularidades detectadas. “Gracias a eso nos pudimos dar cuenta de las irregularidades y se le retiró el fiat, el gobernador Manolo Jiménez tiene claro que no se pueden permitir irregularidades por parte de los notarios públicos”, declaró el funcionario.
Como resultado de las investigaciones en Coahuila, otros cómplices también fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado. Un grupo de 27 afectados denuncia un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Se espera que antes del 15 de abril de 2026 se resuelva la restitución del daño patrimonial para las víctimas del fraude.