Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza federal Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a una exfuncionaria identificada solo como Margarita A., tras una audiencia celebrada este 19 de marzo en la Ciudad de México. La magistrada dictó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, mientras se define la situación jurídica de la segunda involucrada.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las investigaciones contra ambas mujeres en el contexto de los trabajos realizados para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Entre los elementos probatorios que han cobrado relevancia en el caso se encuentra la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, hechos que son objeto de análisis por parte de las autoridades federales.
Existen discrepancias en las fuentes consultadas respecto a los delitos específicos por los cuales se formalizó la vinculación a proceso de Estrada Ortega. Mientras algunos reportes indican que se trata de delitos contra la salud, otros especifican que la imputación incluye la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que unifique estas versiones sobre la tipificación exacta de los cargos.
La investigación judicial tiene un plazo de dos meses para presentar nuevos elementos o cerrar esta etapa procesal. La participación específica de las exfuncionarias en los hechos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como la naturaleza precisa de su vínculo con la desaparición de los estudiantes, continúan bajo escrutinio de la FGR, sin que se haya detallado públicamente si la vinculación actual deriva directamente de los hechos de 2014 o de delitos descubiertos durante las indagatorias recientes.
El nombre completo de la segunda implicada, Margarita A., no ha sido divulgado por las autoridades ni confirmado en los reportes de prensa disponibles. La decisión de la jueza García Peralta marca un nuevo capítulo en la larga búsqueda de justicia por el caso de los 43, manteniendo la presión sobre funcionarios que ocuparon cargos clave en la entidad guerrerense durante el periodo de los hechos.