Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, por la posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, en una audiencia donde también se abordó su presunta implicación en el caso Ayotzinapa debido a la desaparición de material probatorio clave.
La decisión judicial se tomó tras un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en un domicilio de la Ciudad de México, donde fue detenida la exfuncionaria de 73 años de edad. Durante el operativo, las autoridades aseguraron cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados, lo que derivó en la acción penal inmediata por estos delitos, aunque la investigación de fondo se centra en su posible relación con la pérdida u ocultamiento de evidencias del caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con la investigación, Estrada es señalada de estar vinculada con la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fechas críticas para la reconstrucción de los hechos de la desaparición forzada de los normalistas. Dichas grabaciones habrían registrado momentos cruciales, incluyendo la interceptación de los autobuses en los que viajaban los estudiantes.
La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva de oficio para la involucrada, quien fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla. La medida cautelar fue decretada en el contexto de la gravedad de los hallazgos y la necesidad de asegurar la presencia de la exfuncionaria durante el proceso legal.
Este desarrollo representa un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia para el caso Ayotzinapa, al poner bajo proceso penal a una figura que ocupó cargos relevantes en la procuración de justicia de Guerrero durante el periodo de los hechos. La FGR mantiene abierta la línea de investigación sobre la alteración o destrucción de pruebas que podrían haber sido determinantes para esclarecer la dinámica de la noche de la desaparición.
La vinculación a proceso marca un precedente en la persecución de funcionarios que podrían haber obstaculizado las indagatorias originales, reforzando la estrategia actual de las autoridades federales para desmantelar las estructuras de impunidad que han rodeado al caso desde hace más de una década.