Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que había iniciado el 23 de marzo. La decisión judicial somete al exfuncionario a un plazo de investigación complementaria de seis meses, mientras la Fiscalía General del Estado de Baja California lo acusa de cometer irregularidades durante su gestión que derivaron en un compromiso financiero de 123 millones de pesos mensuales por 30 años para una planta que nunca se construyó.
La resolución establece una garantía económica alrededor de 100 mil pesos para que Bonilla Valdez enfrente el proceso legal. Las acusaciones se centran en el contrato para una planta fotovoltaica en Mexicali, el cual genera sospechas de daño al erario estatal debido a los compromisos financieros adquiridos sin la materialización de la obra. La Fiscalía sostiene que las irregularidades en permisos y acuerdos ocurrieron mientras Bonilla ejercía el poder ejecutivo en la entidad.
En su defensa, Jaime Bonilla Valdez argumentó que los pagos de 123 millones de pesos vinculados al proyecto se efectuaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual él ya no se encontraba en funciones como gobernador. El exmandatario, quien gobernó la entidad de 2019 a 2021 y posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), sostuvo que su administración únicamente pactó pagar por un servicio y no tenía la obligación de construir la planta, contradiciendo la tesis fiscal sobre la responsabilidad directa en la obra.
Las contradicciones entre la versión del acusado y la investigación fiscal marcan el centro del debate jurídico. Mientras la defensa busca desligar la responsabilidad temporal de los desembolsos, la autoridad investigadora mantiene que los actos constitutivos de delito se gestaron bajo la administración de Bonilla. La audiencia, celebrada en la Ciudad de México, no incluyó declaraciones detalladas sobre las pruebas específicas presentadas por la Fiscalía en los registros disponibles, ni la hora exacta de conclusión del fallo más allá de la duración total reportada.
El caso Next Energy representa un capítulo significativo en la revisión de las administraciones pasadas en Baja California. La gobernadora actual, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no ha emitido una respuesta oficial pública respecto a las declaraciones de Bonilla tras la vinculación a proceso, según la información disponible. La investigación continuará durante el próximo semestre para determinar la profundidad de las irregularidades y la responsabilidad penal del exgobernador.
Con esta decisión judicial, Bonilla Valdez queda sujeto a las siguientes etapas del procedimiento penal, donde se deberá esclarecer si los compromisos financieros firmados durante su sexenio constituyen un daño patrimonial para el estado. La situación de otros colaboradores mencionados por el exgobernador, a quienes señaló como previamente procesados, no ha sido detallada en el contexto inmediato de esta resolución.