Tapachula, 03 de abril de 2026.- Un operativo encabezado por personal del programa Centinela derivó en violencia contra un grupo de migrantes cubanos en el Parque Miguel Hidalgo en Tapachula, Chiapas. El hecho se suma a un contexto de tensión donde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova anunció el cierre temporal de sus oficinas tras sufrir dos allanamientos en menos de una semana.
El operativo fue ejecutado por trabajadores adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Tapachula, correspondiente al periodo 2024-2027, encabezado por el presidente municipal Yamil Melgar Bravo. Los migrantes, en su mayoría adultos mayores, quedaron golpeados y desalojados mientras intentaban obtener ingresos mediante la venta de café en el espacio público.
En los allanamientos al Centro Fray Matías se sustrajeron computadoras, teléfonos y documentos vinculados con su labor de defensa de migrantes. El centro responsabilizó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y a autoridades de Chiapas por no garantizar su seguridad.
En contraste, este lunes se inauguró un nuevo centro comunitario de la Casita de la Unión Trans en Tijuana. El espacio fue otorgado en comodato por el Ayuntamiento de Tijuana, luego de que el Cabildo aprobara la entrega del predio el 29 de marzo.
La activista Susana Barrales señaló que el centro ofrecerá acompañamiento a personas migrantes de la comunidad trans, acciones de prevención dirigidas a trabajadoras sexuales y orientación para estudiantes que requieran acceso a becas. Barrales estimó que alrededor de 3,500 personas podrían beneficiarse de los servicios del centro.
El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, indicó que la apertura del centro representa un paso para ‘saldar una deuda histórica’ con la comunidad LGBT+. Barrales declaró: “Tanto tiempo hemos buscado esto. Han pasado muchas muertes para llegar a este momento. Es una realidad que hemos vivido”.
En Estados Unidos, Mason Clark, un joven de 19 años, fue arrestado en Portland por ingresar a una tienda 7-Eleven haciéndose pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Clark presentó una tarjeta de transporte con una calcomanía de placa policial pegada y portaba una pistola de aire comprimido en la cintura.
El empleado de la tienda, Tun Aung Win, relató que Clark exigió cantidades de entre 20 y 50 dólares bajo la frase: “Soy agente de inmigración. Dame el dinero o perderás a tu familia”. Un juez le otorgó libertad bajo palabra con la restricción de no acercarse a ninguna tienda 7-Eleven hasta su próxima comparecencia el 27 de abril.