Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, preso confeso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. La mandataria calificó el expediente como un “asunto de Estado” que no puede cerrarse mediante beneficios penitenciarios, en momentos en que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activa una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por su presunta participación como un segundo tirador.
La postura de la jefa del Ejecutivo contrasta con la visión del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de la víctima, quien ha solicitado el indulto para el reo. Según declaraciones públicas del legislador, la presidenta posee la facultad legal para conceder el beneficio, pero carece de la voluntad política para hacerlo. Colosio Riojas enfatizó que la teoría del segundo tirador “no es nueva” y aseguró que dicha persona “ya la habían pescado hace 30 años”, cuestionando la narrativa de una investigación reciente.
Esta discrepancia surge en un contexto de estancamiento procesal. La apelación presentada en el caso de Jorge Antonio Sánchez Ortega lleva cuatro meses sin desahogarse, desde noviembre de 2025. Mientras la FGR presenta pruebas que sugieren una investigación activa, el senador colosiista argumenta que existen elementos conocidos desde hace tres décadas que no han sido integrados adecuadamente a la justicia.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta cumple 32 años este 25 de marzo de 2026. A lo largo de estas tres décadas, el caso ha sido objeto de diversas teorías y reinvestigaciones. La actual administración federal ha mantenido la línea de que se trata de un crimen que trasciende lo penal para convertirse en un tema de seguridad nacional y memoria histórica, lo que motiva la negativa al indulto solicitada por familiares de la víctima.
La tensión entre la interpretación oficial del caso y las demandas de los familiares de Colosio pone de manifiesto las diferencias sobre cómo debe concluirse judicialmente un magnicidio que marcó la historia contemporánea de México. Sin una resolución definitiva sobre la apelación de Sánchez Ortega ni una modificación en la postura ejecutiva, el expediente permanece abierto a más de tres décadas de los hechos.