Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general una versión modificada de la reforma electoral, conocida como ‘Plan B’, durante la sesión del miércoles 25 de marzo alrededor de las 23:00 horas. La validación legislativa se concretó a pesar del rechazo del Partido del Trabajo (PT) a incluir puntos considerados clave por el gobierno federal, específicamente aquellos relacionados con la revocación de mandato para 2027 y la posibilidad de una campaña anticipada para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La iniciativa que avanzó en el pleno senatorial se centra ahora en medidas de austeridad y reestructuración administrativa, incluyendo la reducción del número de regidurías, la limitación de gastos operativos en los congresos estatales y el establecimiento de topes salariales para funcionarios de los organismos electorales. Este dictamen representa un segundo intento del bloque oficialista tras no alcanzar la mayoría calificada necesaria en la Cámara de Diputados con la propuesta original.
Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, delineó la postura de su partido, el cual cuenta con seis senadores. Anaya manifestó que la bancada del Partido del Trabajo mantendrá su respaldo a la presidenta y al movimiento político, pero estableció una línea clara de separación respecto al artículo 35 constitucional, negándose a avalar los mecanismos que habilitarían procesos de revocación o campañas extemporáneas bajo las condiciones planteadas inicialmente.
En contraste, legisladores de la oposición expresaron sus reservas sobre el alcance real de la normativa aprobada. Agustín Dorantes, representante del Partido Acción Nacional (PAN), y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC), participaron en el debate señalando las implicaciones de esta aprobación parcial. Las intervenciones reflejaron la tensión entre la necesidad de consenso para modificar la Constitución y las diferencias estratégicas entre los aliados del gobierno y las fuerzas opositoras.
Con esta resolución, la reforma electoral avanza en el proceso legislativo aunque mutilada en sus aspiraciones originales de modificar profundamente los tiempos y mecanismos de participación ciudadana propuestos por el Ejecutivo. El texto aprobado deberá ahora cumplir con los trámites subsiguientes para su posible promulgación, consolidando cambios en la integración de cabildos y el financiamiento público, mientras deja fuera la controversia sobre la permanencia o renovación de cargos de elección popular a mitad del sexenio.