Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias cuando existan indicios de fondos de origen ilícito, sin necesidad de una orden judicial previa. Durante la sesión de este lunes, el máximo tribunal confirmó la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022.
Al resolver los Amparos Directos 14/2025 y 6320/2024, así como la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, los ministros determinaron que el congelamiento de activos financieros no representa una condena anticipada ni una pena, sino una medida cautelar de molestia de naturaleza administrativa y preventiva. El proyecto de la acción de inconstitucionalidad, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue aprobado por mayoría; únicamente los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra.
La nueva doctrina del Pleno establece que la UIF puede actuar con base en información de inteligencia financiera nacional o internacional, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sin requerir una solicitud extranjera formal y detallada. Con estas resoluciones, la Corte interrumpió dos criterios jurisprudenciales de la extinta Segunda Sala: la tesis 2a./J. 46/2018 y la tesis 2a./J. 101/2024, las cuales condicionaban la validez de los bloqueos al cumplimiento de compromisos internacionales con solicitud expresa de autoridad extranjera.
El Máximo Tribunal estableció que la disposición regula un procedimiento que garantiza el derecho de defensa, pues prevé plazos definidos y asegura el derecho de audiencia. De acuerdo con el fallo, la institución crediticia deberá notificar a la persona interesada las razones del congelamiento. A partir del día hábil siguiente, el afectado contará con cinco días hábiles para solicitar a la UIF el ejercicio de la garantía de audiencia. Posteriormente, la Unidad tendrá 10 días hábiles para otorgar dicha audiencia y 15 días hábiles siguientes para resolver la inclusión o no en la Lista de Personas Bloqueadas.
En el Amparo Directo 14/2025, la parte quejosa era una persona moral constituida en California, Estados Unidos, vinculada al sector agroindustrial, cuyo bloqueo se sustentó en indicios de vínculos familiares con líderes de grupos delictivos y patrones de transacciones irregulares. Por su parte, el Amparo Directo en Revisión 6320/2024 tuvo como recurrente a Martha Ramírez Aceves. Ambos asuntos fueron resueltos bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra, señaló: “Es correcto inmovilizar una cuenta cuando sucedan estas operaciones sospechosas que puedan suponer el origen de un ilícito, pero estos bloqueos no pueden ser indeterminados en cuanto a la conducta, tampoco en cuanto al tiempo en que se mantendrá bloqueada una cuenta antes de ser judicializada”. La SCJN subrayó que los afectados cuentan con vías de impugnación administrativas y judiciales, incluido el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el juicio de amparo.
Un comunicado de la Corte indicó: “La SCJN fortaleció el combate al lavado de dinero al confirmar, en dos casos, que el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera es válido cuando se basa en indicios de operaciones ilícitas y respeta el derecho de audiencia y defensa”. El asunto se origina tras la impugnación de 49 senadores de oposición contra el decreto de 2022, quienes consideraron que vulneraba principios de presunción de inocencia y debido proceso.